El modelo de control de constitucionalidad difuso

El modelo de control difuso, adoptado por el sistema brasilero permite que cualquier juez o tribunal declare la inconstitucionalidad de leyes o actos normativos, sin restricciones en cuanto al tipo de proceso. Tal como en el modelo norteamericano, que confiere amplio poder a los jueces para el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos del poder público.

A diferencia de otros modelos, el sistema brasilero no se limita a un solo tipo de acción o de recurso en relación a la función principal de protección de los derechos fundamentales, estando a cargo de esta tarea, principalmente, las acciones constitucionales como el mandato de seguridad, el hábeas corpus, el habeas data, la orden judicial, la acción civil pública y la acción popular.

Hábeas Corpus

El hábeas corpus establece una protección especial de las libertades tradicionalmente consagradas en el sistema constitucional brasilero.

En el sistema actual de la Constitución de 1988, el hábeas corpus está destinado a proteger al individuo contra cualquier medida restrictiva del poder público en contra de la libertad de tránsito. La jurisprudencia prevaleciente en el Supremo Tribunal Federal es dominante en el sentido de que no procederá la acción de hábeas corpus cuando no este afectada directamente la libertad de movimiento del individuo. Sin embargo, si la coacción de la libertad individual viene a menudo de los actos que emanan de la opinión pública, no podemos descartar la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus contra actos de particulares.

La libertad de circulación debe ser entendida de forma amplia, viéndose afectada por toda medida de autoridad que pueda menoscabar la libertad de tránsito.

Mandato de Seguridad

El mandato de seguridad es el instrumento procesal de protección de los derechos contemplados en todos los textos constitucionales desde la Constitución de 1934, con excepción de la Carta de 1937, y asegurado por la actual Constitución en el artículo 5, LXIX, que enuncia: "se concede el mandato de seguridad para proteger un derecho líquido y cierto, que no está protegido por el hábeas corpus o el hábeas data, en tanto que el responsable de la ilegalidad o abuso de poder sea un funcionario público o una persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del poder público". La Constitución también prevé el mandato de seguridad colectivo, que puede ser interpuesto por un partido político representado en el Congreso, por un sindicato, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento durante al menos un año en defensa de sus miembros o asociados (artículo 5, LXX, a y b).

Hábeas Data

Siguiendo la línea de especialización de los instrumentos de defensa de los derechos individuales, la Constitución de la República Federativa de Brasil en 1988, concibe el hábeas data como el instituto destinado a asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona solicitante contenidas en registros o bases de datos de los organismos gubernamentales o carácter público y para permitir la corrección de los datos, cuando no se prefiere hacerlo de manera secreta (artículo 5, LXXII).

Mandato de Justicia

La Constitución de 1988 ha otorgado especial importancia al control de la constitucionalidad de la llamada omisión del legislador. El artículo 5, LXXI, de la Constitución prevé, en particular, la concesión de una orden judicial cuando la falta de normas reguladoras hace imposible el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, la soberanía y la ciudadanía.

El mandato judicial es el que tiene por objeto el no cumplimiento del deber constitucional de legislar que de alguna manera, afecta derechos constitucionalmente garantizados, cuando se constata la falta de norma reglamentaria que hace imposible el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y las prerrogativas inherentes a la soberanía y la ciudadanía.

Acción popular y acción civil pública

Además de los procesos y sistemas destinados a la defensa de posiciones individuales, la protección judicial puede realizarse también a través de la utilización de instrumentos de defensa de intereses difusos y colectivos, como la acción popular y la acción civil pública.

La Constitución prevé la acción popular con el objetivo de anular el acto lesivo al patrimonio público o al de una entidad en la que el Estado participe, la moralidad administrativa, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Considerándose de carácter marcadamente público, el autor de esta acción está, en principio, exento de costas judiciales y del ônus de la derrota, salvo que se compruebe mala fe (art. 5º, LXXIII, de la Constitución Federal de 1988).

La acción popular es el instrumento típico de la ciudadanía y solamente puede ser propuesta por el ciudadano, aquí entendido como aquel que no presente antecedentes en lo que concierne a las obligaciones civiles, militares y electorales que por ley sean exigibles.

La acción civil se ha convertido en un instituto significativo de defensa de los intereses difusos y colectivos y, aunque no se dirige, por definición, a la defensa de los intereses individuales o singulares, se ha constituido también en importante instrumento de defensa de los derechos en general, especialmente de los derechos del consumidor.